Aquí van las acusaciones constitucionales
El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la acusación constitucional es una de las manifestaciones de su función de control político, orientada a investigar y proponer acusaciones ante el Senado contra los altos funcionarios comprendidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política.
A continuación se detallan los aspectos principales regulados en el documento:
Se crea la Comisión de Acusaciones Constitucionales como una comisión ordinaria de carácter no legislativo y permanente.
Sus miembros son elegidos bajo principios de pluralidad y proporcionalidad. Los diputados que la integran están impedidos de presentar denuncias constitucionales por su cuenta.
El procedimiento se desarrolla en tres etapas principales:
Etapa de Calificación: Inicia con la presentación de la denuncia constitucional y concluye con la aprobación del informe de calificación.
Etapa de Investigación: Comienza con la determinación del plazo de investigación y finaliza tras la realización de la audiencia correspondiente. En esta fase se emite una propuesta de informe final.
Etapa de Determinación: Es la fase final donde se decide la propuesta que será elevada al Senado.
Para que una denuncia sea admitida, debe cumplir requisitos específicos, como que el delito no haya prescrito y que se refiera a funcionarios bajo el alcance del antejuicio político.
Si una denuncia es declarada improcedente, se remite al archivo; si es inadmisible, se notifica al denunciante para que subsane omisiones.
Naturaleza de la audiencia: Es pública si la denuncia trata sobre infracciones a la Constitución, pero es reservada si se refiere a presuntos delitos (salvo que el denunciado acepte la publicidad).
Derecho a la defensa: El denunciado puede presentar descargos y ofrecer pruebas. Si no lo hace en el plazo previsto, se tiene por no formulado el descargo
Informe Final: El documento debe concluir necesariamente con la acusación del denunciado o con el archivamiento de la denuncia.
La función de la Cámara de Diputados concluye con la proposición de la acusación ante el Senado. Corresponde al Senado, de acuerdo con el sistema bicameral, emitir la resolución final sobre la sanción o responsabilidad del funcionario.